¡VAYA SEMANITA!


La semana recién terminada da para algo más que para escribir una columna. Da, como poco, para escribir un periódico como titulares como único contenido de tantas y tan malas noticias como se han producido. Hay de todo, para llorar y para gemir. Desde las cifras de la EPA, que son para llorar, a la gran caída de la bolsa del miércoles, que es para gemir.
Pero como algo hay que elegir entre este mare magnum, reflejaremos la expropiación de Red Eléctrica Española por las autoridades bolivianas. Porque no se sabe muy bien si esta expropiación o enajenación ha sido realizada por el gobierno o el Estado cocalero, según las confusas declaraciones de Evo Morales.
Y es que llueve sobre mojado. Tenemos aún muy reciente la expropiación de YPF por las autoridades argentinas, si bien en los dos casos aún se ignora a qué manos irá a parar la explotación industrial de ambas empresas españolas.
Muchas y autorizadas voces se han alzado contra estos hechos cuyas decisiones de ejecución se han tomado unilateralmente en perjuicio de terceros que no han sido consultados, y más aún la solicitudes a gobiernos e instituciones extranjeros para apoyar la protesta española con el argumento que tal arbitrariedad puede ocurrirle a cualquiera.
Se está apelando a la tradicional amistad y buenas relaciones de España con Argentina y Bolivia, pero parece que la amistad es unilateral lo que equivaldría a decir que no existe esa amistad tan cacareada.
Pero parece ser que en ambos casos, y en los posibles casos futuros, se han venido cometiendo errores continuos y casi históricos de falta de previsión. Incluso en la comunicación se dan elementos confusos más ligados a la emotividad que a las relaciones comerciales entre países que tienen firmados acuerdos consistentes.
No ha sido a España a quien se ha expropiado, sino a dos empresas privadas españolas que habían invertido en esos países con el fin de obtener beneficios, lo que es perfectamente lícito si los destinatarios de la inversión así lo consintieron y también obtenían beneficios. Así pues, son esas empresas las que tienen que defender ante quien sea sus lícitos intereses y los de sus accionistas. Sin duda, ayudadas por el gobierno español, pero ellas deben llevar la batuta de las justas reclamaciones. Al cabo, los pueblos boliviano y argentino no han ofendido al pueblo español.
Invertir en recursos naturales conlleva siempre el peligro de que sean reclamados por sus propietarios y es un riesgo que conoce el inversor y que debe asumir desde un principio. Ya ha ocurrido.
Estas inversiones están realizadas en países de dudosos gobiernos democráticos que dirigen su discurso y sus acciones más hacia el populismo que al progreso de sus gobernados, y es otro riesgo inicial. También ha ocurrido que el populismo ha ganado a la razón.
Y por último, nada conocemos de la riqueza que en los países de destino han creado estas inversiones. Por ejemplo, el salario medio que perciben los trabajadores de estas empresas comparado con el salario medio de los trabajadores del resto de Bolivia y Argentina, las empresas auxiliares creadas en torno a estas empresas españolas y su facturación, el índice de adquisición de esas regiones respecto al resto, escuelas creadas, estado de la sanidad, etc. Es decir, no se hado conocimiento de la cuantificación del desarrollo que se ha producido en las regiones destino de esas inversiones. Y sería un dato muy útil para conocer el daño o el beneficio local causado por la expropiación, si así fuera.
Quien ha hecho un cesto, hace ciento. No es extraño que hechos así sigan produciéndose.
Pero aunque llueva, siempre nos quedará la Feria del Queso.

Curro Guadiana
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