DE DESAHUCIOS, JUECES Y RESCATES

Sucedió en Córdoba hace unos días. José Manuel se levantó como cada mañana para asistir a un curso del INEM, aunque no cobra ninguna prestación por desempleo. Lourdes, su esposa, que espera un hijo para mayo, permaneció en su casa preparando a sus otros dos hijos, de 8 y 11 años, para llevarlos al colegio. Un día normal, como cada día, pero con el peso a sus espaldas de un crédito impagado de 75.000 euros que les había sido concedido para realizar una reforma general en su vivienda. Eran otros tiempos, cuando los dos trabajaban en diversos oficios y el banco estimó que con al aval de su vivienda y sus sueldos tenían garantía suficientes para concederles el crédito.

Lourdes, cumplido su rutina diaria de dejar a los niños en el colegio, con la escasa seguridad que la dan los pocos más de 400 euros de ayuda que recibe y de lo que se mantiene la familia, vuelve a su casa a continuar con sus quehaceres de limpieza, cocinar la comida y, de algún modo, aprovechar el tiempo muerto que le permite su condición de desempleada. Cuando llega a su hogar se encuentra a los agentes judiciales acompañados de diversos números de la policía quienes le indican que han sido desahuciados por el impago de su crédito y que tiene que abandonar su casa de inmediato, en ese momento. Se queda muy extrañada porque a ella nadie le ha comunicado nada, y los agentes judiciales proceden a leerle una diligencia del Juzgado de Primera Instancia 2 de Córdoba que dice a la letra: “Se autoriza a la Comisión Judicial para que proceda a realizar la diligencia de entrega de posesión sin previa notificación del señalamiento del día de lanzamiento a la parte demandada”. Que traducido quiere decir que Lourdes y su familia van a ser desalojados de su vivienda sin previo aviso y por sorpresa, como si de una emboscada se tratara.


Los agentes judiciales la aconsejan que saque de su casa lo imprescindible y que no avise a nadie. Es decir, el/la juez quiere evitar todo escándalo entre los vecinos o los de stop desahucios que pueden tratar de impedir el desalojo. Cambiada la cerradura de la vivienda y una vez que se han marchado los agentes de la autoridad diciendo que sólo cumplen con su deber, Lourdes es advertida por un espontáneo de que en un plazo fijado puede sacar sus enseres, pero siempre con vigilancia judicial puesto que la nueva llave de lo que hasta ese momento había sido su vivienda está en el juzgado. Se hizo con todo silencio.
Y con todo silencio dos hombres, uno de Granada y otro de Las Palmas de Gran Canaria se han suicidado cuando iban a ser desahuciado y un tercero, de Valencia, lo intentó tirándose desde un segundo piso y quedó inconsciente, pero salvó la vida.
¿Qué estamos viviendo?
Los jueces son los mejores observadores de estas tragedias, y siete de ellos han realizado un informe encargado por el Consejo del Poder Judicial sobre el sistema de desahucios y embargos bancarios, y en su escrito atacan claramente los abusos que ampara el actual marco legal que fue creado en 1909 y que está totalmente desfasado porque protege al máximo a la entidad crediticia dejando en desamparo al desahuciado.
Además de acusar a las entidades bancarias de mala praxis en la aplicación de sus créditos, este informe expone que el punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado.
Es fácil entender que los jueces hablan de rescatar bancos, sí, sin suda. Pero también hablan de rescatar a la personas, a las familias. Porque en todo caso los bancos seguirán ganando, subasten pronto los bienes embargados o los subasten más tarde. Pero en todo caso, saldrán a la venta en un circuito casi de privilegiados en el que no se encuentran las familias perjudicadas.
Los jueces dicen, en definitiva, que media España se está convirtiendo en activo tóxico, aunque no tenga ni idea de lo que eso sea. Pero los jueces tienen las manos atadas y tienen que aplicar una desfasada ley que confiere todas las ventajas a las entidades bancarias. La obligación de modificar esa ley corresponde al Parlamento, que para eso son elegidos, que para eso tienen unas condiciones de vida muy especiales. Y de paso, que incluyan la dación en pago o períodos de cadencias y quitas. Porque lo más evidente es que así no se puede seguir.
El recate de los bancos no es cosa de hoy, porque ellos sí son rescatados seguramente con demasiada desfachatez. En un informe que ha aparecido no hace muchos días se nos dice que en 2010 (eso es, hace dos años) cada español aportó 1.846 euros para sanear la banca. La banca acaparó 87.145 millones de euros, el 99,59 por cien del total de las ayudas públicas. Y eso parece intolerable.
Se nos dice claramente que hay que proteger a los impositores y accionistas de la banca. Claro que sí. Pero, ¿hay que proteger a los consejeros y ejecutivos culpables de esa mala praxis que dicen los jueces, culpables, quizás dolosos, de una mala administración?
Eso es lo que nos preguntamos todos, esa es la respuesta que hay que dar con la elaboración y publicación de una ley que termine de una vez con estos abusos y que nos infiera un mínimo de esperanza en el futuro.
A mediado de la década de los setenta apareció un semanario de humor llamado “Hermano Lobo”, que llevaba como subtítulo el lema de “Semanario de humor dentro de lo cabe”. En sus páginas se incluía una sección que se realizaba continuas preguntas sobre temas de actualidad. Una de ellas era: “¿Cuándo se terminará la censura en la prensa?”. Ésta, y todas las preguntas, eran contestada indefectiblemente con la misma respuesta: “El año que viene, si Dios quiere”.
Esa es la ironía. Que parece que todo queda pendiente para el año que viene.

Curro Guadiana
Comments