MEDIO CENTENAR DE CHALES ILEGALES EN BELÉN ESPERAN SER LEGALIZADOS CON LA REFORMA DE LA LEY DEL SUELO

Desde hace años, cerca de 50 propietarios están habitando una casa 'clandestina', una edificación ilegal, en el «Valle de Papalbas», en el término de Belén, en Trujillo. Pero no parece haber mucha inquietud por este asunto, porque sus propietarios saben que más tarde o más temprano ellos, junto a otros miles de extremeños, podrán tener sus viviendas, de primera y segunda residencia, totalmente bendecidas por la ley. Más aún desde que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, anunciase su intención de proponer a la Asamblea una legalizar las miles de viviendas de este tipo que hay en la región.
El presidente de la Junta se refiere a «esas fincas rústicas cercanas a las poblaciones que se segregan irregularmente para ser vendidas en pequeñas parcelas, y que rara vez llegan a los 5.000 metros cuadrados». A partir de ahí es donde surgen esas urbanizaciones.
Hay que tener en cuenta que una finca rústica vale un dinero, pero si se parcela y se vende por partes se le puede sacar un beneficio mucho mayor».
En todos estos casos de da una paradoja legal: las infracciones urbanísticas graves prescriben a los cinco años. Pasado este tiempo, no pueden ser denunciadas, y por tanto derribadas. Sin embargo, tampoco pueden ser legalizadas, siempre y cuando no se cambie la ley o se modifique el plan de urbanismo correspondiente para que las avale. Un auténtico limbo legal y sin embargo, esta una cuestión que también beneficiará a los municipios, porque dispondrán de más dinero y más parcelas para dotaciones sociales.
La Asamblea de Extremadura sacó adelante en septiembre del año pasado, con el respaldo unánime de PSOE y PP, una reforma: la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, que dará carta de legalidad a una ilegalidad tan extendida como difícilmente controlable como es la proliferación de casas de campos y urbanizaciones en todo su esplendor en suelo rústico de Extremadura región.
Gracias a este cambio legal, se permite regularizar todas las viviendas levantadas en suelo no urbanizable, aunque quedan excluidas en zonas de especial protección medioambiental o patrimonial.

Luz y dinero
El tener una vivienda ilegal arrastra unas carencias lógicas. No tiene la cédula de habitabilidad o de primera ocupación por parte del Ayuntamiento porque legalmente no se la puede dar al estar en suelo no urbanizable y, por este motivo, las compañías eléctricas no les permiten el enganche de luz, ni Aquagest de agua. Hacen vida más o menos normal a través de un grupo electrógeno y vertiendo sus residuos a pozos asépticos sin garantías legales, sanitarias ni medioambientales.
Para legalizar su vivienda, como el resto de propietarios en su situación, estos propietarios deberán hacer las cesiones de suelo habituales al Ayuntamiento, aunque pueden sustituirse hasta en un 50 por ciento por dinero. Además deberán pagar una tasa como si se tratase de licencia de obra, que es el 3,66 por ciento del precio final de la construcción.
Parece obvio que todo se hace para que los municipios recauden más dinero, pero, al fin y al cabo, se benefician los particulares y los ayuntamientos.
En el caso de urbanizaciones o grupo numeroso de viviendas, se tiene que crear una entidad de conservación que soporte los servicios necesarios de agua, luz, basura... Hasta pasados 10 años el municipio no se hace cargo de mantenimiento alguno.
Desde el punto de vista económico, la reforma de Ley del Suelo beneficiará a los ayuntamientos en cuanto a ingresos y, también, porque llegará más suelo para dotaciones.
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